Un imputado del PP se une a transfugas separatistas del PNV para arrebatar a IU una alcaldía de Álava y dar el pelotazo

La Rioja Alavesa, que vive una gran efervescencia económica asociada al mundo del vino, las bodegas y el turismo, comienza a sufrió también los efectos de la presión inmobiliaria que viene asociada a la construcción de campos de golf. Laguardia y Labastida, separadas por apenas 20 kilómetros de distancia, querian poner en marcha sus campos de golf al lado de un parque residencial con 110 y 750 viviendas, respectivamente. A diferencia de lo que sucedía en Laguardia, en Labastida, el PP y el PNV han hecho pinza y quien se resiste al proyecto es el alcalde, Higinio Arinas, de IU. El regidor acusa a estos dos partidos de unirse para exluirle como interlocutor ante las otras instituciones e “imponer el campo de golf”.

El fiscal imputa 5 delitos al ex alcalde del PP de Labastida y a los promotores del campo de golf El controvertido proyecto para construir un campo de golf y 750 viviendas en Labastida ha entrado en vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de la localidad Ignacio Gil Orive (PP) y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías, todos afincados en Guipúzcoa- por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación. ¿El motivo? La transmisión de terrenos de propiedad pública a la sociedad promotora del golf a un precio «muy inferior» al de mercado para lograr importantes plusvalías de las operaciones.

La imputación del Ministerio Público llega después de seis meses de investigación recopilados en nueve tomos de prolija documentación. Ahora, la pelota está en el tejado del Juzgado Decano de Vitoria, que deberá remitirlo al juez para que decida si abre diligencias, o por el contrario, archiva el caso.

Hasta la fecha, la actualidad en torno al golf de Labastida se había centrado en la ocupación que el proyecto hacía de 11 hectáreas de terreno medioambientalmente protegido, como así lo había advertido la Comisión de Urbanismo del Gobierno vasco (COPU), lo que obligaba a cambiar su diseño. La construcción del ‘green’ y las 750 viviendas cuenta con el amplio respaldo del PP (4 ediles) y el PNV (2), ambos partidos en la oposición. Eso sí, el alcalde de IU-EB, Higino Arinas (2), investido gracias al apoyo de los jeltzales y un independiente, es un firme opositor a que el proyecto se haga en Labastida, una localidad con 1.513 habitantes.

Pero la polémica ha llegado ahora al terreno judicial. Según se recoge en la denuncia de la Fiscalía, el ambicioso plan nació en 2003 con el propósito de construir un campo de 18 hoyos y 750 viviendas sobre una superficie de un millón de metros. Los promotores fueron el Grupo Sorelor y San Ginés Labastida S.A. Es este último el que tomó las riendas del proyecto incorporando en su capital a Narbalur S.L. (56%) -cuyo administrador es Luciano Soraluze-, a Javier Corta (20%), a José María Elías (4%) y a la sociedad pública Labastida Gestión Municipal S.L. (20%), «creada ‘ad hoc’» por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2005, con Gil Orive (PP) en la Alcaldía.

En los siete folios de la imputación, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, indica que el ex regidor popular, «en connivencia» con los promotores, «ideó» un medio para conseguir que el patrimonio inmobiliario municipal afectado por el proyecto «fuera incorporado al patrimonio de los promotores privados por un precio muy por debajo del real», con el fin de «beneficiarles» y que «todas las plusvalías recayesen en ellos». Estas aportaciones se realizaron a través de dos ampliaciones de capital de San Gines Labastida S.A., «con manifiesto perjuicio al patrimonio público».

El ex alcalde del PP, Gil Orive fue exculpado en 2005 de un presunto delito de narcotráfico, tras ser detenido un año antes por la Ertzaintza. El arresto provocó que dimitiera como juntero, aunque siguió en la Alcaldía.El concejal que representa al PP como independiente en el Ayuntamiento de Labastida, Carlos Fernández, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Alava a dos años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas.
Tras la petición del fiscal, la sentencia sobresee, además, de forma provisional las actuaciones contra el alcalde del mismo municipio, Ignacio Gil (PP), quien fue detenido en la misma operación policial acusado también de un presunto delito de tráfico de drogas.
La Ertzaintza fue la encargada de dirigir dicha operación antidroga, en la que detuvo el 2 de abril de 2004 al alcalde, al concejal condenado y a otras siete personas..
La emisora SER difundió la sentencia condenatoria que ratifica finalmente el acuerdo adoptado entre los abogados defensores y el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alava, Alfonso Aya, por el que los condenados reconocen su participación en esta red de tráfico de estupefacientes. El alcalde quedaba absuelto provisionalmente, mientras que Fernández y los otros seis encausados han sido condenados