Nov 142007
 
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha realizado nueve registros simultáneos en distintas sedes municipales, entre ellas la delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y varias Juntas de Distrito. Estas mismas fuentes señalaron que la operación, llamada ‘Guateque’, se está llevando a cabo por una presunta “trama de corrupción de funcionarios” y que el juez ha decretado el secreto de sumario.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta “aproximadamente” a 16 funcionarios, aunque desconocía el número de detenidos, que fuentes policiales cifran en al menos tres. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Por adelantar la tramitación de aperturas de locales (en su mayoría bares de copas) , de dos áños a incluso un día a cambio del cobro de comisiónes. (De ahí el nombre de “operación Guateque”).

La noticia en “El País”.
Sólo es un caso más de corruptelas de un partido político al cual estos temas no parecen afectarle pues en todos los municipios de los que se habla más adelante, los casos de corrupción se sabían antes de las últimas elecciónes municipales y locales…y los imputados o el mismo partido repitieron en el cargo.


Gallardón, que ha delegado ofrecer la rueda de prensa a favor de Manuel Cobo, el vicealcalde, (asi su imagen no se relaciona con la corrupción), ha declarado más tarde que esto no tiene connotaciones políticas. Si él lo dice. Estamos hablando de un ayuntamiento que gestiona el dinero de varios millones de españoles. Si llega a ser el de Barcelona, el PP ya estaría pidiendo dimisiones.

Vídeo: últimos casos de corrupción del PP

EN ALICANTE:

Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para “calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público”.

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como
otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un “entramado societario” para “disfrazar” la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hec
táreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido “clasificado como suelo rústico de protección natural” según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.

EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

EN MADRID:

Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.

Dos
concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés – aparecidas en el diario El País – desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al ‘tránsfuga’ Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MURCIA:

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.

Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

  • Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. Los dueños de las viviendas han denunciado al ex-alcalde por haberles vendido las viviendas sabiendo que tenían que ser demolidas. El acutal alcalde, también del PP, llegó al poder gracias a una tránsfuga.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

EN SALAMANCA:

SALAMANCA: Se investiga al ayuntamiento por haber r
ecalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco ‘el Pocero’). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por ‘el Pocero’. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de ‘el Pocero’. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de ‘Paco el Pocero’: un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como ‘Manhattan de Cullera’ cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.

Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.

-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Artículo con casos de corrupción de 20minutos.es

  One Response to “Madrid, obras y corrupción”

  1. II. EMILIO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ.
    Pasaportes falsos o ilegales.

    Rafael del Barco Carreras
    Apenas a unas horas de la detención en Buenos Aires, el 9-10-08, ya tenemos en España la versión oficial de la parte más corrupta de la fuga, el pasaporte. Una versión como siempre atemperando la corrupción. Versión lógica pero corrupta. Una oficiala del Ministerio del Interior, de baja (más corrupción en el Ministerio) y trabajando en el activo bufete de un preso, Bufete Rodríguez Menéndez, coge de la mano a su jefe de pluriempleo y se va a una de las comisarías de DNI. Allí los ordenadores ni menos los oficiales y jefes conocen al solicitante, cara y tipo metido en todas las retinas de España por la Telebasura. A los del “Club de la Corrupción” les importa un comino lo que suceda y opine el común de los mortales, están por encima de esas vulgares minucias. Una oficiala corrupta expide un pasaporte, ¿cuantos pasaportes falsos o ilegales circulan?, !porque de funcionarios corruptos los hay a miles!, y ¿cuánto vale un pasaporte oficial pero falso o ilegal?. En la cárcel de Brians se cotizaban a no menos de 500.000 pesetas los simplemente escaneados, unas chapuzas con las que sus compradores caían como moscas, pues además, y me consta, el falsificador era un confidente de la Policía. Y lo más corrupto, según la versión oficial no hay más responsables. Es de esperar que ni Ministro ni demás responsables del Ministerio se crean su versión y se investigue, pero me temo que la investigación interior sea tan corrupta como la versión pública. En cuanto al juez que contrariando a los servicios técnicos de la cárcel concede el permiso en aplicación de su total arbitrariedad, otra versión oficial, se está investigando…pero en principio es su competencia…por sus reales c… y a estas alturas de mi vida me cuesta creer que nadie utilice su arbitrario Poder sin contraprestación.

    Aproveché su huida para certificar que la arbitrariedad de permisos penitenciarios y la corrupción policial de pasaportes seguían vivas. La que observo que no sigue tan viva es la policial de “busca y captura”, y lo digo así porque a quien según una corrupta sentencia encubrí (y por ese delito pasé tres años preventivo en La Modelo y condenado al tiempo pasado en prisión), el abogado del Estado Antonio de la Rosa Vázquez, padre del célebre financiero, Javier de la Rosa Martí, anduvo unos veinte años “fugado” pero viviendo entre Cadaqués y Barcelona, y nadie detuvo a pesar de varias anónimas denuncias telefónicas señalando su residencia, estancia y gran afición a la ruleta de Le Boulou, a escasos kilómetros de La Junquera.

    Menéndez, ni me va ni me viene, pero es que además colaboró en el Bufete Cortés donde colaboran el hijo del juez de instrucción que me encarceló, Ezequiel Miranda de Dios, que vivía en 1980 (cuando dictó la prisión incondicional sin fianza) en un gran piso del abogado de Javier, Juan Piqué Vidal (comprado a precio de ganga en el 2003, hecho por mí denunciado y archivado), y otro hijo de uno de los magistrados que me condenó al tiempo pasado en prisión, José Luis Barrera Cogollos, presidente actual de la Audiencia de Barcelona.

    Para redondear he de apuntar que otro de los tres magistrados era Adolfo Fernández Oubiña, asiduo especialista “judicial” en los Medios, contertulio habitual con Del Olmo, y jefe de “fauna” del Bufete Piqué Vidal (50 profesionales en activo). Ignoro si lo de “fauna” es una broma porque yo no la capto, si fuera “flora” lo entendería, pues varios de sus clientes son grandes narcotraficantes y el propio Piqué Vidal está encausado por blanqueo.

    Y ya que ningún político, al estilo Rubalcaba, nunca saldrá a la palestra para apuntarse el tanto de la eterna fuga de Antonio, murió a los 86 años en su cama de Barcelona el 2004, después de la prescripción de sus delitos, sin detención ni presencia, en 1998 por una Sala presidida por Fernando Pérez Máiquez (otro inquilino y comprador de Juan Piqué Vidal) yo aprovecho el fatal estado de la Gran Corrupción o la desastrosa organización dentro de tan corrupto tinglado de Emilio Rodríguez Menéndez (que con seguridad no robó 10.000 millones de los 70 como Antonio ni menos los cientos de miles de su hijo Javier, por lo que su capacidad de corrupción no les alcanza) y recomendar http://www.lagrancorrupcion.com

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