Las Malas Lenguas

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años -que a día de hoy pueden pedir el alta voluntaria en un hospital, escoger el tratamiento que quieren recibir o donar un riñon o parte de su hígado si quieren- van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
En un país de profunda tradición nacionalcatólica, y con un importante colectivo de inmigrantes que abrazan la religión musulmana, el obligar a las menores de 18 años que por cualquier razón hayan quedado embarazas a informar en sus casas de que quieren interrumpir voluntariamente el proceso, es condenar a algunas de ellas a malos tratos, exclusión, y la marginación porque pueden ser expulsadas de las casas de sus padres. Y lo que es peor, tras recibir una paliza.

Ejemplos de estas brutales agresiones, los hay: lo contaba en una entrevista Ana García, psicóloga, sexóloga y coordinadora del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid.
“Más de una adolescente ha llegado amoratada a la consulta después de haber recibido una paliza de sus padres.Las chicas saben bien cuándo no pueden contarlo y hay padres muy brutos que son capaces de golpear brutalmente a sus hijas, o bien obligarlas a que tengan el bebé”. No son casos mayoritarios, según la psicóloga, pero tampoco los padres comprensivos son una amplia mayoría: “Cada familia es un mundo distinto y las reacciones que tienen ante un embarazo de sus hijas pueden ser muy imprevisibles”.

Vídeo: La reforma de la Ley del Aborto en España. Decidir a los 16.
Reportaje de informe semanal que recoge la opinión de los adolescentes para saber como entienden la sexualidad, cómo se afronta un embarazo en la familia y qué les lleva, finalmente, a decidir interrumpirlo o no hacerlo. La lucha reaccionaria de los cristofascistas para evitar que los derechos civiles se pongan por encima de las creencias y supercherías de la iglesia también se tratan en el reportaje.

Todo se cuidó hasta el último detalle para que, tras la muerte de Manuel Fraga, se diese una imagen ante la opinión pública de que se enterraba a un honorable miembro de la derecha demócrata de toda la vida. Ni una sola mención a su campaña a favor de que se fusilase al comunista Julian Grimau, o que mintiese para ocultar el asesinato del estudiante izquierdista Enrique Ruano, cuyo asesinato a manos de la policía que lo lanzó desde una ventana fue disfrazado por el ministro de Franco como un suicidio.
Acostumbrados a los excesos de la derechona en estos menesteres, nos enteramos de que para lograr una ceremonia facciosa más fastuosa que retransmitir por TVE, la derechona engañó a un grupo de jubilados de los que llevan en autobús de excursión con un bocadillo de chopped, para que terminase participando en la misa fascista que se celebró en honor al colaborador de la dictadura franquista. Tras el evento, los principales cabecillas del partido político de extremocentro que no condena el franquismo, se fueron de mariscada regada con vino del caro. La poco austera factura del banquete, a saber quién la paga.

Vídeo: El ex-ministro franquista Manuel Fraga, responsable de la matanza de 1976 en Vitoria
Al recientemente fallecido Manuel Fraga le acechaban los fantasmas del pasado por sus responsabilidades políticas sin depurar durante la dictadura y los meses siguientes a la muerte de Franco, al cual lo escuchamos elogiar en el documento audiovisual.
La comisión especial del Parlamento vasco que investiga la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía, el 3 de marzo de 1976, en Vitoria, aprobó hace un par de años por unanimidad pedir la comparecencia de ambos afines entonces al dictador fascista Francisco Franco para dar su testimonio de lo ocurrido aquel día.
Todos los grupos, excepto el PP, acordaron solicitar la comparecencia de Fraga, entonces ministro de Gobernación, y de Martín Villa, ex ministro de Sindicatos, dentro de una lista de 14 personas entre las que figura también el ex ministro de Presidencia Alfonso Osorio. Fraga, ha muerto sin responder ante la justicia española y argentina por su complicidad con los crímenes en la dictadura genocida franquista.

BALTASAR GARZÓN, VÍCTIMA DEL FRANQUISMO EN 2012
Los herederos del dictador presentaron la denuncia en el año 2010. Falange Española de las Jons y los ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad presentan 3 escritos de acusación. Falange quedó fuera del procedimiento pero los otros dos denunciantes siguieron adelante en el proceso.
El juez que instruyó el caso, Luciano Varela, colaboró con los fascistas instruyendoles y corrigiendo sus escritos en vez de declararlos nulos para que pudiesen seguir adelante.
Al juez Garzón se le acusa de prevaricar investigar crímenes que han prescrito, y de no tener competencias para hacerlo.En los últimos ocho años se han conocido veinte resoluciones prevaricadoras, una por cada siete millones de resoluciones. Garzón tiene en estos momentos abiertos tres juicios por esa causa. Una cacería en toda regla: lo ha confesado hasta un ex diputado del PP.

VÍDEO: LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DEFIENDEN AL JUEZ GARZÓN, LA IMAGEN INTERNACIONAL DEL RÉGIMEN ESPAÑOL POR LOS SUELOS
Testimonios de las víctimas del franquismo que apoyan al juez y han tenido que recurrir a Argentina y Estrasburgo en busca de la justicia que el régimen de su país les niega.
Observadores internacionales han acudido al segundo juicio-farsa contra el juez Baltasar Garzón por abrir una investigación por los crímenes del franquismo. Así lo confirmaron ayer tres organizaciones internacionales: Human Rights Watch, AmnistÍa Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, que han prometido vigilar muy de cerca el proceso. “El mundo entero tiene los ojos puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando a Garzón“, ha asegurado el consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody